El martes 6 de noviembre, la comisión especial de la Cámara de Diputados sobre “libertad de pensamiento y expresión, derecho a la información y medios de comunicación” presentará un proyecto de ley sobre “Medios de Comunicación y pluralismo” para frenar la concentración de emisoras radiales en nuestro país.

La información la dio a conocer el diputado independiente ex PPD Alvaro Escobar, integrante de dicha comisión, en un foro que sobre Concentración de Medios de Comunicación realizó el ICEI (Instituto de la Comunicación y la Imagen de la U. De Chile) el jueves 25 de octubre en la Casa Central de la universidad.

La moción de los diputados intentará corregir el peligro que para el pluralismo en el ámbito radial significaría la autorización del Estado chileno de la compra por parte del grupo español Prisa, de 12 radios de su competidora Iberoamerican (del grupo Claxon). Ello le otorgaría más del 33 por ciento de uso del espacio radioeléctrico, en circunstancias que la Ley de Prensa ( No.19.733, de 2002) autoriza solamente el 10 por ciento del espacio radio eléctrico (ERE) a los operadores extranjeros y únicamente se permite superar esta cantidad, si existe reciprocidad para igual manejo de un chileno en el país del nuevo propietario. En suma, si se acepta tal operación, no se estaría cumpliendo la ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

El jurista Pedro Mattar, participante en el panel, explicó que el asunto se ha detenido en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que en agosto autorizó la compra, en espera de la respuesta de la Fiscalía Nacional Económica, que debe confirmar si existe o no tal reciprocidad. Los representantes de Prisa afirman que sí existe, lo que a juicio de Mattar no es cierto en la práctica.

El diputado Escobar expresó que el Estado tiene la obligación de preservar el restringido ERE para los objetivos mayores del país, tales como libertad de expresión, diversidad, pluralismo, respeto a las minorías y fomento a la identidad nacional. Porque si bien la legislación actual establece que cualquier persona puede explotar un medio de comunicación en el país, los radiales y de televisión están restringidos por la capacidad de dicho espacio, y es el Estado el encargado de distribuirlo a través de la entrega de concesiones. Pero es poco el ERE que queda por distribuir ya que las concesiones duran 25 años con derecho preferente a ser renovadas para el mismo operador, lo que en la práctica las deja en sus manos al infinito. Aclara que si bien no más de una sola persona puede ser titular de una concesión, a veces, esta persona natural o jurídica puede abarcar la mayor parte del ERE, lo que ocurriría si se concreta la venta al grupo Prisa.

El jurista Pedro Mattar afirma que en este caso sólo se pide que se aplique la ley – en este caso, la Ley de Prensa – aceptándose las condiciones que ella impone, en defensa del pluralismo y de la ampliación de la democracia.