Los directores de El Ciudadano junto a la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, presentaron a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Belle Antoine, los antecedentes de la denuncia en que se establece que en Chile existen vulneraciones a la libertad de expresión.

Hasta las oficinas centrales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington viajaron esta semana los directores de El Ciudadano Bruno Sommer y Sebastián Larraín, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile Javiera Olivares, y los abogados Mauricio Daza Carrasco y Pedro Orthusteguy. El objetivo, denunciar al Estado de Chile por la condena de cárcel para los directores del semanario –dictada por la jueza Paola Robinovich del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago- a raíz de la publicación en 2013 de un artículo sobre el ex diputado Miodrag Marinovic, el cual fue calificado por los tribunales como injurioso. Gracias a la irreprochable conducta anterior de los profesionales, estos quedaron firmando en Gendarmería por 18 meses.

Para Javiera Olivares las sanciones penales tan graves como el presidio a propósito de injurias o calumnias “ilustran la gran distancia entre la regulación chilena y los tribunales internacionales, que señalan que este tipo de penas atentan contra la libertad de expresión, lo cual sienta un precedente para la autocensura incluso en informaciones de interés público”. Expresó que “por cierto nuestro ordenamiento jurídico debe cautelar la honra y vida privada de las personas, y establecer sanciones, pero de ninguna manera contemplar penas de cárcel”. En este sentido puntualizó que “Chile requiere dar un amplio debate en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación, en este y otros temas. De lo contrario estamos empobreciendo la calidad de nuestra democracia”.

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